Roel Guajardo Cantú / Epicentro Informativo
09, octubre, 2023
Hace poco un artículo de la revista Science detonó destacados comentarios mediáticos, en él los investigadores Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y el recientemente fallecido, Alejandro Hope presentaron un modelo matemático según el cual el crimen organizado en su conjunto constituye uno de los principales empleadores del país.
Suponiendo que efectivamente el crimen organizado fuese una sola empresa, esta sería el quinto empleador del país por el número de sus integrantes o trabajadores, con una cantidad estimada en 175 mil “empleos” generados, superando a empresas como Pemex, Bimbo, Oxxo y Coppel, solo debajo de Femsa, el primero, Walmart, segundo, Manpower, tercero y América Móvil, cuarto.
Aunque la comparación no es la adecuada, sirve para ejemplificar el tamaño del crimen organizado, así como su impacto económico en el país. Es cierto que como lo señalan Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf en su libro por desgracia poco difundido, “La globalización de la inseguridad”, dada la propia naturaleza de la actividad del crimen organizado es difícil medir sus componentes, obviamente entre ellos el número de sus miembros, los investigadores responsables del artículo publicado en Science detallaron un modelo matemático que les permite alcanzar cifras cercanas a la realidad.
Una de dichas cifras la constituye el número de reclutamientos semanales de las organizaciones criminales solo para compensar las bajas que tienen por motivos, ya sea de captura o muerte de algunos de sus miembros. Los investigadores estiman que esa cifra ronda los 350 reclutamientos semanales, ya sean voluntarios o forzosos.
A estos reclutas se les calcula una “vida laboral” promedio de 10 años, ya que en ese tiempo o serán capturados o muertos en el desempeño de sus labores. Una de las conclusiones del estudio señala que pese a las muertes y capturas, los cárteles han aumentado en unos 60 mil el número de sus componentes durante la última década, cinco de cuyos años han coincidido con el actual sexenio.
Visto este indicador quizá sería conveniente preguntarnos acerca de la eficacia de los programas sociales dirigidos a los jóvenes, precisamente porque uno de sus principales objetivos consiste en combatir las causas que provocan la incorporación de los jóvenes en el narcotráfico, en actividades delictivas y en acciones de violencia en general.
Los programas “Jóvenes construyendo el futuro”, las becas del bienestar para niños y jóvenes estudiantes las cuales abarcan desde primaria hasta preparatoria y uno de los programas dirigido a los adultos como es “Sembrando vida” deberían ser evaluados no tanto por su cobertura, sino por el número de personas que no ingresan al mundo del crimen organizado o indicadores de consumo de drogas ilegales, unos indicadores que difícilmente se pueden medir con precisión, sin embargo, podría buscarse la forma de realizar la medición partiendo de indicadores indirectos, ya que algunos de ellos se tienen más o menos medidos a través de las encuestas de consumo. Otro indicador importante es la eficiencia terminal en educación media y media superior, es decir, adolescentes que concluyen su secundaria e ingresan a preparatoria, así como jóvenes que inician y terminan su bachillerato.
El primer indicador grueso que tenemos es precisamente el del estudio presentado por la revista Science, ya que si el número de reclutamientos se acerca a la realidad, hablaríamos de poco más de 18 mil nuevos miembros anuales, cifra que los investigadores consideran que aumenta constantemente por lo cual quizá habría que realizar algún tipo de análisis para diferenciar los reclutamientos forzados de aquellos que no lo son, porque los primeros no pueden ser cargados dentro de los negativos para los programas sociales que tienen por objetivo prevenir el ingreso de los jóvenes en las estructuras del crimen organizado. Este indicador está por ahora fuera de nuestro alcance, ya que debería provenir de las “levas” que realizan los cárteles en muchos municipios del área rural, así como de migrantes de quienes poco o nada se sabe.
Otro de los indicadores para conocer lo que está sucediendo con el consumo de drogas lo constituía la Encodat, Encuesta sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco, la cual se dejó de levantar durante este gobierno de la 4T, el organismo encargado de esta encuesta, la Conadic, Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, señaló la falta de presupuesto para no llevar a cabo el levantamiento.
INEGI por su parte, ha publicado algunos datos que hacen referencia a personas que se encuentran en problemas con la justicia precisamente por el consumo o tráfico de drogas, según esas cifras entre 2010 y 2020, el porcentaje de delitos relacionados con drogas de quienes ingresaron a centros penitenciarios aumentó de 12.3 % a 19.6 por ciento, de quienes cometieron delitos, 1 de cada 10 aceptó consumir mariguana. Si bien son datos que es necesario tomar en contexto debido a que no todos los delitos se denuncian ni se castigan, existe una cifra negra que algunos calculan cercana al 90%.
Por otra parte, en marzo del año pasado, el periódico El Economista publicó cifras de 2020 según las cuales la ONU, a través de su oficina contra las drogas, señaló que el consumo de mariguana aumentó en un 17%, mientras que en drogas duras como la cocaína y las anfetaminas aumentó en un 15% durante la pandemia, aunque no se tienen datos acerca de lo que sucedió después.
En materia de educación el impacto de los programas sociales no ha sumado lo que se esperaba, existe un fuerte abandono escolar que después de la pandemia no se ha podido recuperar, solo de los adolescentes que terminaron la secundaria hay 200 mil que por distintas razones no llegan a la prepa según el investigador del Tec de Monterrey, Daniel Hernández extitular de la COSFAC de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP; de los jóvenes estudiantes que inician el bachillerato el 9.2% abandonó sus estudios, es decir, casi medio millón de jóvenes de los 5 millones que están matriculados en este 2023.
Como puede observarse, parece que, a falta de evaluaciones precisas, los indicadores indirectos que se pueden obtener nos muestran que los programas no están siendo efectivos, por lo que habrá que esperar a los resultados que se obtengan del programa de Educación, “Si te drogas, te dañas”, lanzado a principios de este año precisamente como respuesta al aumento en el consumo de mariguana que pasó a ser la más usada por adolescentes por arriba del alcohol. Así mismo esperemos que los esfuerzos de la SEP por recuperar la matrícula hagan posible que los adolescentes y los jóvenes estén en escuela y en el camino correcto.
A los buenos deseos y esfuerzos por atender la raíz del problema de la violencia en México con acciones de prevención, se debería de incrementar en el 2024, el presupuesto destinado al deporte ya que del 2018 al 2023 se aumentó en promedio anual el 1.7% de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP, de la Cámara de Diputados; en cultura el presupuesto de 2022 al 2023 se incrementó solo en un 0.92% y en el sistema educativo se aplica el 3% del PIB cuando la UNESCO recomienda el 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Con educación, cultura, recreación y deportes los programas sociales tendrían un mejor impacto en las nuevas generaciones de México, bueno, si eso es lo que se busca.
